Presentan propuesta para sancionar a quien agreda a personal médico

Con el objetivo de hacer más severas las sanciones por discriminación hacia médicos y enfermeras, las personas que cometan un delito en contra del personal del sector salud podrán ser sentenciadas con hasta cinco años de prisión.

Así lo expresa la iniciativa impulsada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez.

Garantizar la seguridad para los héroes que combaten día a día en la batalla contra el Covid-19, es lo que se busca para todas aquellas que por vocación arriesgan su integridad física e incluso su propia vida por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus.

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Durante la contingencia, se tiene registro que la discriminación se ha extendido a 22 entidades: encabezada por la Ciudad de México, con 22 quejas, le sigue le estado de México con 12.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha hecho llamados a evitar actos de violencia y discriminación durante la emergencia sanitaria hacia personal médico y de enfermería.

También ha solicitado a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la seguridad e integridad de dicho personal, así como de las personas diagnosticadas con COVID-19.

Los términos legales de la iniciativa

La propuesta tiene la finalidad de establecer que cuando las conductas de discriminación sean cometidas en contra de personal del sector salud durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria declarada en términos de la Ley, la pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte a ya lo establecido.

Se busca establecer que al que cometa un delito contra personal del sector salud en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le imponga de uno a cinco años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido.

En tanto, la reforma en el artículo 427 de la Ley General de Salud, contempla sancionar con arresto de hasta 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, contra personal del sector salud.

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